El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial lleva dos años desplegándose de forma progresiva y, hasta hace unas semanas, el 2 de agosto de 2026 se perfilaba como la fecha en la que entrarían en vigor las obligaciones completas para los sistemas de IA de alto riesgo: gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registro de eventos y supervisión humana. Eso ha cambiado. El Consejo de la Unión Europea aprobó de forma definitiva el 29 de junio de 2026 el Digital Omnibus on AI, que traslada esas obligaciones de alto riesgo al 2 de diciembre de 2027 para los sistemas autónomos del Anexo III (entre ellos, educación, empleo, banca o sanidad) y al 2 de agosto de 2028 para los sistemas integrados en productos regulados. El texto está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la UE, prevista antes del 2 de agosto, momento en el que entrará en vigor tres días después.
Qué sigue vigente el 2 de agosto de 2026 y qué se ha aplazado
Conviene no confundir un aplazamiento parcial con una moratoria general. Las prohibiciones más graves llevan siendo exigibles desde febrero de 2025 (manipulación subliminal, scoring social, vigilancia biométrica masiva), junto con la obligación de alfabetización en IA para toda la plantilla del artículo 4, que tampoco se ha visto afectada por el aplazamiento, aunque el propio Omnibus la reformula como una obligación de medios razonables y no de resultado. Las obligaciones para proveedores de modelos de propósito general, como GPT, Claude o Gemini, entraron en vigor en agosto de 2025.
Lo que sí llega de forma plena el 2 de agosto de 2026, y no se ha aplazado, son las obligaciones de transparencia del artículo 50 del Reglamento: cualquier organización que despliegue un chatbot, un asistente virtual o un sistema que genere contenido sintético deberá informar claramente al usuario de que interactúa con una IA, y los contenidos generados artificialmente deberán etiquetarse como tales. Para los sistemas ya presentes en el mercado antes de esa fecha, el marcado técnico legible por máquina (watermarking) tiene un margen adicional hasta el 2 de diciembre de 2026. Lo que se aplaza a diciembre de 2027 y agosto de 2028 es exclusivamente el bloque de obligaciones de alto riesgo del Anexo III y del Anexo I.
Quién está afectado y por qué no hay atajos
Una de las confusiones más frecuentes entre las organizaciones es creer que el Reglamento solo afecta a quienes desarrollan tecnología. No es así. Cualquier empresa que use un sistema de IA en sus procesos tiene la condición de responsable del despliegue, con obligaciones propias que no pueden delegarse en el proveedor. Si una empresa utiliza un software de selección de currículums, un chatbot de atención al cliente o cualquier herramienta de IA generativa en contextos profesionales, el Reglamento le aplica, aunque el calendario exacto dependa de si el sistema cae o no en la lista de alto riesgo del Anexo III.
La situación en España: infraestructura de supervisión ya operativa
España fue el primer país de la UE en crear su agencia de supervisión de IA, la AESIA, con sede en A Coruña. Según recoge un análisis de Javadex, a marzo de 2026 la agencia ya había abierto 23 investigaciones preliminares, y la AEPD registraba a esa misma fecha un aumento del 340% en investigaciones relacionadas con IA respecto al año anterior. El aparato supervisor, por tanto, ya está en marcha, con independencia del aplazamiento del alto riesgo.
Sin embargo, según datos del Observatorio Nacional de IA correspondientes a enero de 2026 y recogidos en la misma fuente, solo el 32% de las empresas españolas que usan IA había iniciado procesos de adaptación al Reglamento, frente al 46% en Francia o el 54% en Alemania. El aplazamiento del alto riesgo da margen, pero no elimina la exigencia de transparencia de agosto de 2026 ni la actividad ya abierta de AESIA y AEPD.
Lo que esto significa para organizaciones educativas
La educación sigue clasificada como sector de alto riesgo en el Anexo III, y esa es precisamente la categoría cuyo régimen completo se traslada al 2 de diciembre de 2027. Esto no significa que el tema pueda aparcarse: cualquier institución educativa que use chatbots, asistentes o herramientas que generen contenido sigue sujeta a las obligaciones de transparencia de agosto de 2026, y el trabajo de inventariar sistemas, clasificarlos por riesgo y documentar la supervisión humana es exactamente el mismo que exigirá el régimen de alto riesgo cuando llegue en 2027. Empezar ahora, con el margen adicional que ha dado el Omnibus, es una ventaja, no una excusa para esperar.
En LurNova acompañamos a organizaciones educativas en esta adaptación, con formación específica en alfabetización en IA y un enfoque de cumplimiento normativo integrado desde el diseño de los sistemas, no como un trámite posterior a su implantación.
CEO de LurNova, con una amplia trayectoria en tecnología y transformación digital. Vinculado al desarrollo de proyectos tecnológicos y a la aplicación de inteligencia artificial en las organizaciones, combina conocimiento técnico y visión empresarial.
